Enviar dinero a casa es vital para millones de migrantes. En EE. UU., donde las remesas a Latinoamérica, Asia y África son clave, un nuevo impuesto del 1% ha causado revuelo. Buscando financiar seguridad fronteriza, esta medida genera preocupación por su impacto en hogares que dependen de esos fondos para necesidades básicas. Analicemos sus implicaciones.
El impuesto aprobado por el gobierno estadounidense establece un cargo adicional del 1% sobre el monto total enviado en remesas desde Estados Unidos hacia el extranjero. Aunque el porcentaje puede parecer pequeño, su impacto es considerable si se toma en cuenta que, tan solo en 2023, se enviaron más de 60 mil millones de dólares en remesas desde EE.UU. a América Latina.
Para una persona que envía 500 dólares mensuales a su familia, el impuesto representa un costo extra de 5 dólares cada vez. Al año, eso puede traducirse en más de 60 dólares menos para los hogares receptores, lo que en países como México, Honduras o El Salvador representa una pérdida significativa en términos de alimentación, salud o educación.
Este gravamen será cobrado directamente por las entidades que procesan las transferencias de dinero, como Western Union, MoneyGram y plataformas digitales como Remitly o Xoom. Esto significa que no habrá manera de eludirlo y que las remesas llegarán automáticamente con un 1% menos del monto enviado, lo que ha generado protestas en redes sociales y en organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
El discurso político detrás de esta medida ha sido claro: financiar el fortalecimiento de la frontera sur. De acuerdo con legisladores que apoyaron la propuesta, los fondos recaudados por este impuesto ayudarán a cubrir el costo de infraestructura, personal y tecnología para controlar el flujo migratorio. También se contempla destinar una parte al combate del tráfico de personas y drogas.
Esta justificación ha sido controversial, ya que muchos consideran que penaliza indirectamente a los mismos migrantes que, con su trabajo, han contribuido a la economía estadounidense y que además siguen apoyando a sus familias en sus países de origen.
Además del tema fronterizo, el impuesto busca aumentar la recaudación fiscal en un momento en el que Estados Unidos enfrenta desafíos presupuestarios importantes. El gobierno estima que este gravamen podría generar ingresos de entre 700 y 900 millones de dólares anuales, lo que representa una fuente atractiva de financiamiento para distintos programas federales y estatales.
En países como México, las remesas representan una fuente vital de ingresos para millones de familias. En 2023, México recibió más de 63 mil millones de dólares en remesas, la mayoría provenientes de EE.UU. Este dinero no solo se utiliza para el consumo diario, sino que también impulsa pequeños negocios, educación y acceso a salud. Un recorte, por mínimo que sea, tendrá efectos visibles.
Bancos centrales y secretarías de Hacienda en América Latina ya han comenzado a analizar el impacto macroeconómico de esta decisión, advirtiendo que podría reducir el ingreso disponible de los hogares más vulnerables y afectar la economía local en zonas altamente dependientes de estos flujos.
Organizaciones migrantes y líderes comunitarios en Estados Unidos han manifestado su desacuerdo, señalando que se trata de una medida injusta. Desde California hasta Nueva York, ya se han organizado protestas pacíficas y campañas en redes sociales denunciando lo que consideran una penalización a la solidaridad.
Algunos activistas incluso argumentan que este tipo de medidas pueden incentivar el uso de canales informales para el envío de dinero, lo que sería contraproducente tanto para el control fiscal como para la seguridad financiera de los migrantes y sus familias.
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