La SCJN analiza cómo deben tributar las apps de reparto (apps, restaurantes, repartidores) sin frenar la innovación. El debate se centra en la constitucionalidad de gravar la intermediación digital. Los ejes clave son: quién paga, cómo se calcula y el impacto en precios, empleo y competencia. El veredicto definirá el futuro fiscal de la economía digital.
A diferencia de un impuesto general al consumo, el esquema que revisará la Corte se enfoca en la “intermediación” que realizan las apps: conectar a un restaurante con un cliente y coordinar la entrega a través de repartidores independientes. La lógica del gravamen es capturar parte del valor creado por esa coordinación (algoritmos, logística, métodos de pago) y destinarlo —según cada propuesta— a objetivos públicos: recaudación, infraestructura vial, seguridad social o regulación laboral. El reto técnico es definir con precisión la base: ¿se grava la comisión que cobra la plataforma, el valor total del pedido, o una cuota fija por operación? Cada diseño produce resultados muy distintos en precios y en incentivos.
La SCJN tendrá que ponderar si el cobro invade facultades federales (por ejemplo, IVA/ISR), si configura doble tributación sobre el mismo hecho generador, y si discrimina a un modelo de negocio frente a otros canales (pedido telefónico, venta directa del restaurante). También evaluará efectos en competencia: un impuesto mal calibrado podría consolidar a los jugadores más grandes —que diluyen costos— y expulsar a los pequeños. Por eso, más que “sí o no”, lo relevante será el cómo: claridad de la base, neutralidad tecnológica y trazabilidad para reducir litigios y costos de cumplimiento.
En la práctica, los impuestos a plataformas tienden a trasladarse, total o parcialmente, a precios finales. Si la base es el valor del pedido, es probable que el usuario vea un cargo adicional o un aumento en las comisiones al restaurante, que a su vez puede subir precios del menú en la app. ¿Hasta dónde? Depende de la elasticidad: en zonas con muchas alternativas (recoger en tienda, otras apps, cocinar en casa), los usuarios reaccionan rápido a aumentos; en zonas con poca oferta o alta conveniencia, el traspaso puede ser mayor. Para los restaurantes chicos, cualquier alza en comisión aprieta márgenes; podrían limitar promociones, elevar mínimos de pedido o migrar a ventas directas.
Si el impuesto recae en la comisión de la plataforma, esta podría ajustar incentivos o tarifas por kilómetro para compensar. Eso afecta el ingreso neto del repartidor, especialmente en horas de baja demanda. El lado positivo: algunos esquemas proponen destinar parte de la recaudación a seguridad social o seguros. La clave estará en que los beneficios sean tangibles y que el costo de cumplimiento (más papeleo, más requisitos) no desincentive la oferta de repartidores en horas pico.
Para las plataformas, el costo no es solo el impuesto, sino el compliance: adaptar sistemas de facturación, geolocalización por jurisdicción, retenciones y reportes. Modelos simples y uniformes reducen esa carga; mosaicos dispares por estado o municipio la multiplican. Para los gobiernos, el reto es recaudatorio y político: un impuesto difícil de auditar recauda poco y genera fricción; uno claro, digitalizable y con destino visible (p. ej., seguridad vial o infraestructura para reparto) gana legitimidad y reduce evasión.
Usuarios: compara precios entre apps y el canal directo del restaurante; activa alertas de promociones y evalúa pick-up para evitar cargos de envío en pedidos cercanos.
Restaurantes: mide con lupa tu contribución por pedido (ingreso – comisión – insumos – envío). Si el margen cae, ajusta carta para delivery (platillos rentables, porciones que viajan bien), negocia comisiones y fortalece tu canal propio (link de pago, takeaway con incentivos).
Repartidores: monitorea cambios en tarifas e incentivos; prioriza horarios y zonas de mayor densidad para optimizar kilómetros vacíos. Documenta gastos deducibles y asegúrate de contar con cobertura de accidentes.
Plataformas: invierte en trazabilidad fiscal (facturación por jurisdicción, APIs con autoridades), desglose claro de cargos al usuario y programas de valor agregado al restaurante (paquetes de logística, ads, analítica). La ventaja competitiva vendrá de la eficiencia y de la confianza regulatoria, no solo de cupones.
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