En 2014, México aplicó un impuesto a bebidas azucaradas para mejorar la salud pública. Para 2026, se debate otra subida, que busca más ingresos fiscales y plantea un impacto significativo en la industria y los consumidores. La pregunta sigue siendo: ¿es una medida de salud o un golpe a la economía familiar?
México se encuentra entre los países con mayores índices de obesidad y diabetes a nivel mundial. El consumo excesivo de refrescos, jugos industrializados y bebidas energéticas es un factor determinante. Con el nuevo impuesto, el gobierno busca desincentivar la compra de estas bebidas y motivar a la población a optar por alternativas más saludables como el agua simple o infusiones naturales.
Además del objetivo sanitario, el incremento fiscal generaría miles de millones de pesos en recaudación. Estos recursos podrían destinarse a programas de salud, educación o infraestructura. Sin embargo, críticos señalan que en ocasiones los recursos no siempre llegan a los rubros anunciados, por lo que será fundamental vigilar el destino de este dinero.
Un aumento en el impuesto significa que cada botella de refresco, jugo procesado o bebida energética será más cara. Para los hogares que consumen estas bebidas de manera regular, el gasto mensual podría incrementarse notablemente. Aunque la medida pretende desincentivar el consumo, también representa una carga adicional para los sectores de menores ingresos, que suelen destinar una parte importante de su presupuesto a estas bebidas.
Las empresas del sector, como Coca-Cola FEMSA, Arca Continental y PepsiCo —todas con fuerte presencia en México y cotizando en bolsa— ya se preparan para este nuevo escenario. Algunas han comenzado a diversificar su portafolio con productos bajos en azúcar, bebidas con edulcorantes alternativos o presentaciones más pequeñas para mantener precios accesibles. En lugar de resistirse al cambio, muchas compañías ven en este reto una oportunidad para innovar.
Más allá del precio, este tipo de medidas puede transformar la cultura de consumo. Estudios del primer impuesto de 2014 demostraron que las compras de refrescos se redujeron, aunque de forma parcial. Un nuevo incremento podría reforzar esa tendencia, incentivando hábitos más saludables en las próximas generaciones.
Si el nuevo impuesto se aprueba, el mercado de bebidas en México experimentará un cambio profundo: consumidores más exigentes, una industria obligada a innovar y un Estado que obtendrá ingresos adicionales. Lo clave será que estos recursos se canalicen efectivamente hacia la salud pública, cumpliendo así con el propósito inicial de la medida.
El nuevo impuesto a bebidas azucaradas para 2026 no es solo un tema económico: toca directamente la salud, la equidad y el rumbo de una de las industrias más poderosas del país. Para algunos será una medida justa y necesaria, para otros un castigo al bolsillo. Lo cierto es que marcará un antes y un después en la relación de los mexicanos con el azúcar y en la manera en que la industria responde a los desafíos del futuro.
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